DIRECTRICES INSTITUCIONALES



MISIÓN

Vigilar la gestión fiscal de quienes administran los recursos públicos municipales a través del ejercicio del Proceso Auditor y la participación ciudadana, con el fin de generar una rentabilidad social a la gestión pública del Municipio de Tuluá.

VISIÓN

Seremos reconocidos por trabajar con independencia en la vigilancia de la gestión fiscal de los recursos públicos y posicionar el nombre de la Contraloría Municipal generando credibilidad y confianza en la ciudadanía Tulueña.

POLITICA INTEGRAL 

La Contraloría Municipal de Tuluá orientará su gestión en el fortalecimiento del control y la vigilancia del manejo transparente de los bienes y recursos públicos municipales, a través de la implementación de políticas Institucionales de calidad con el fin de incrementar los resultados y garantizar el oportuno resarcimiento del patrimonio público.

PRINCIPIOS ÉTICOS
De conformidad con el Artículo 8° de la Ley 42 de 1993 la gestión fiscal del Estado se fundamenta en los siguientes principios:

1° La eficiencia; 2° La economía; 3° La eficacia; 4° La equidad; 5° La valoración de los costos ambientales. Además de dar cumplimiento a los principios rectores del control fiscal, la Contraloría Municipal de Tuluá a través de sus servidores públicos asumirá los siguientes:

  • Énfasis en la medición permanente de los resultados e impactos producidos en el ejercicio de la función del control fiscal, el control ciudadano y el resarcimiento del patrimonio público.
  • Evaluación de la gestión de protección, conservación, uso y explotación de los recursos naturales y el medio ambiente.
  • Análisis de costo beneficio para estudiar y evaluar el uso del gasto público, maximizando los resultados, en busca de la obtención de los más altos rendimientos sociales.
  • Asistencia a los sujetos auditados que contribuya a mejorar las prácticas de una buena gerencia pública.
  • Aplicación de las medidas de control establecidas por la alta dirección, orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención de los actos de corrupción en la gestión pública.
  • El cumplimiento de la normatividad y los principios de la ética pública deben ser el fundamento del control y la vigilancia de la gestión de los recursos públicos.